Según la DNCP, los procedimientos licitatorios referidos en el informe de la Contraloría “no se rigen por las reglas y los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas”, y señala que en las contrataciones excluidas de dicha normativa “son responsables los titulares de los organismos, entidades y municipalidades de la aplicación de criterios”.

“Por tanto, ante la falta de méritos para la apertura de una investigación de oficio, esta Dirección Jurídica dispone el cierre del Caso 726/21, con la salvedad de que de surgir nuevos reclamos puntuales actuaremos en el ámbito de nuestra competencia”, especifican en el documento.

Además, en su análisis fial, la DNCP intenta sustentarse en la Ley 3966/21, Orgánica Municipal, específicamente en su artículo 5, que habla sobre la autonomía política, administrativa y normativa de las municipalidades.

“Queda claro que las municipalidades son entes de gobierno autónomos y autárquicos dentro de su esfera competencial, capaces de gestionar servicios públicos, obras públicas, dictarse sus propias normas, administrar sus propios recursos y autogobernarse de acuerdo a criterios propios”, se justifican finalmente desde la institución encargada de las contrataciones públicas en el país.

El dictamen técnico de la Contraloría General de la República confirmaba irregularidades, entre compras sin sustento, grupo de empresas favorecidas en adjudicaciones y falta de transparencia en los procesos de contratación por parte de la Municipalidad de Asunción en el periodo de enero a diciembre del año 2020, en el marco de la emergencia nacional declarada por la pandemia del Covid-19.

“Se favoreció a un grupo de empresas en forma sistemática vulnerando los principios generales de Igualdad y Libre competencia, y Transparencia y Publicidad, establecidos en la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas”, señalaba parte del informe de la CGR.

Finalmente, desde la Municipalidad de Asunción habían anunciado que realizarían la investigación interna y que, además, el informe de la Contraloría sería remitido al Ministerio Público.