Aumenta el número de padres morosos en prestación alimentaria

La falta de cumplimiento en las obligaciones alimentarias por parte de padres irresponsables sigue siendo un problema alarmante en el país.

Desde su creación, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) se desarrolló como una herramienta para presionar a los deudores a cumplir con este deber legal. Sin embargo, a pesar de su implementación plena hace casi un año, persisten denuncias de lentitud en el proceso de inscripción, lo que afecta a millas de madres y niños que dependen de estas prestaciones para garantizar su bienestar.

De acuerdo con datos recientes, las denuncias de padres morosos aumentaron de manera significativa, reflejando una problemática social que impacta directamente en la calidad de vida de los menores. A pesar de los avances en la digitalización de los procesos judiciales, como la obtención de certificados de inscripción al REDAM en línea, existen obstáculos legales y administrativos que ralentizan la inscripción de deudores.

Un factor clave es la necesidad de que la sentencia de asistencia alimentaria sea firme y ejecutada, un requisito que muchas veces se ve demorado por la falta de notificación al demandado o por recursos legales que buscan modificar la sentencia. Esto retrasa el ingreso de los padres al registro y, en consecuencia, limita la efectividad de las medidas coercitivas.

El REDAM logró ciertos avances al restringir trámites como la renovación de licencias de conducir o la transferencia de bienes para aquellos que adeudan tres o más cuotas alimentarias. Sin embargo, es solo una de las herramientas disponibles.

• Embargos y remates: El Poder Judicial puede ordenar la ejecución de bienes para garantizar el pago de las deudas.
• Retención salarial: En casos donde el deudor esté asalariado, se puede establecer un descuento automático de su salario para cumplir con la prestación.
• Vía penal: El incumplimiento prolongado puede derivar en denuncias ante el Ministerio Público, que podrían llevar a órdenes de captura o incluso condenas penales.

La morosidad en las prestaciones alimentarias no solo representa una violación de derechos legales, sino que también afecta directamente el desarrollo integral de los niños. La falta de recursos dificulta el acceso a educación, salud y alimentación adecuada, obligando a las madres a asumir cargas económicas que deben ser compartidas.

Especialistas como la jueza Pili Rodríguez, del fuero de la Niñez y la Adolescencia, destacan la necesidad de mayor información y apoyo legal para las madres afectadas. También se subraya la importancia de agilizar los procesos judiciales y garantizar que las sentencias sean firmes y ejecutables en plazos razonables.//www.hoy.com.py/